El electricista que manejaba la cimbra que sostenía provisionalmente el peso del viaducto que se construía en el tramo La Herradura-Taramay de la A-7, cuando la estructura se desplomó el 7 de noviembre de 2005, ha afirmado este lunes en el Juzgado de lo Penal 1 de Motril que aquella mañana se realizó la revisión pertinente.
El electricista que manejaba la cimbra que sostenía provisionalmente el peso del viaducto que se construía en el tramo La Herradura-Taramay de la A-7, cuando la estructura se desplomó el 7 de noviembre de 2005, ha afirmado este lunes en el Juzgado de lo Penal 1 de Motril que aquella mañana se realizó la revisión pertinente.
Así lo ha dicho en la segunda sesión del juicio por el siniestro, por el que están imputadas once personas, en la Sala de Vistas número 3 del Palacio de Justicia de Motril, donde han declarado tres testigos más: el que fuera jefe de Demarcación de Carreteras de Andalucía Oriental, Juan Martín Enciso --que fue apartado de la causa como imputado al comienzo de la vista el pasado miércoles-- y dos de los encofradores que trabajaban en el viaducto en el momento del accidente, que costó la vida a seis obreros, han informado a Europa Press fuentes del caso.
La declaración del electricista ha sido la que ha centrado gran parte de la jornada, en la que este testigo, que resultó herido y que aún sigue trabajando en la empresa ’Estructuras y Montajes de Prefabricados S.A’ --que fue contratada por la UTE La Herradura para la ejecución del viaducto--, ha señalado que los trabajos del avance de la cimbra comenzaron tarde aquel día, puesto que por la mañana se habían estado realizando las revisiones de la estructura con el técnico de seguridad.
Según su relato, en un momento del avance se cortó el suministro eléctrico por la rotura de un cable, razón por la que pulsó el botón de emergencia para que otra de las cimbras dejara también de avanzar. Al ir a coger sus herramientas, mientras se encontraba en el pilar central de la estructura, oyó "varios crujidos" que acabaron con el desplome de la cimbra, en la que en ese momento trabajaban unos siete u ocho encofradores, entre ellos algunos de los que fallecieron. Él también resultó herido y, de hecho, sus primeras declaraciones por el siniestro fueron ante la Guardia Civil mientras estaba aún hospitalizado.
Por otra parte, el que fuera jefe de Demarcación de Carreteras ha indicado durante su testimonio que cuando él fue nombrado la obra ya estaba adjudicada y ha afirmado que ni el coordinador de seguridad ni el ingeniero director del proyecto, Juan Mena Delfa y Pablo Jiménez, ambos imputados y nombrados por el Ministerio de Fomento, le comunicaron nunca que hubiera deficiencia alguna en la obra. Por ello, se ha desvinculado de lo ocurrido, porque "no estaba pendiente" de aquellos trabajos y ha recordado que formó parte de la comisión técnica que abrió Fomento para investigar las causas del accidente, en la que se limitó a facilitar documentación y la logística necesaria.
Además, han declarado dos encofradores que también cayeron cuando se produjo el colapso de la cimbra, uno de ellos se precipitó a una plataforma que lo sujetó y otro consiguió salvarse al agarrarse a un hierro que colgaba. Los dos han afirmado que en lo que a ellos concernía la obra cumplía con todos los requisitos de seguridad, en cuanto a medidas de protección individual y otras preventivas, como redes y arneses.
MÁS TESTIGOS Y PERICIALES
Las sesiones continuarán el próximo miércoles 8 de febrero con la declaración de otros seis testigos, entre ellos dos guardias civiles que redactaron el atestado. El día 13 están citados otros dos, una de ellos la técnico de prevención de UGT, y comenzarán las pruebas periciales, con el informe que redactó al respecto la Inspección de Trabajo. Ya el miércoles 15 se expondrá el informe pericial sobre las causas del accidente. El juicio concluirá previsiblemente el 29 de febrero, cuando quedará visto para sentencia.
En la primera jornada, que arrancó el pasado 1 de febrero, declararon los once procesados, entre los que se encuentran el ingeniero director del proyecto La Herradura-Taramay, Pablo Jiménez, o el que fuera coordinador de seguridad de la obra, Juan Mena Delfa, ambos designados por el Ministerio de Fomento. Todos coincidieron en destacar lo "imprevisible" del siniestro puesto que, según aseguraron, todas las revisiones pertinentes a la maquinaria, incluida la autocimbra desplomada, estaban "al día".
Las obras fueron promovidas por Fomento y adjudicadas a la UTE La Herradura, que suscribió con la empresa Estructuras y Montajes de Prefabricados S.A. un contrato de ejecución de obras para la realización de los trabajos de los viaductos de hormigón en el tramo de autovía adjudicado y a su vez la empresa contratista subcontrató con la mercantil portuguesa Douro Montemuro diversas unidades de obra. Para la realización del viaducto Río Verde que se desplomó se hizo uso de una ’autocimbra’ para la ejecución de los tableros que constituirán en su día las calzadas de la autovía. El fabricante de la ’autocimbra’ es ’Puentes y Calzadas’, líder del grupo empresarial al que pertenece Estructuras y Montajes.
Además de los mencionados, están imputados en la causa el representante legal, el jefe de obra y la técnico de seguridad de la UTE La Herradura, J.M.F.T., J.A.S.C. y A.I.D.P.; el representante legal, el técnico en prevención de riesgos laborales, el jefe de obra, el encargado y el capataz de Estructuras y Montajes Prefabricados, C.S.S, J.L.R.H., E.C.T.M. J.M.O.C. y M.C.M.; y el representante legal de la empresa Puentes y Calzadas , J.M.L.M.
PETICIÓN DE LA FISCALÍA Y LAS ACUSACIONES
La Fiscalía pide penas de hasta cuatro años de cárcel para los once imputados. Diez de los once acusados, entre ellos el ingeniero director del proyecto, se enfrentan a una condena por la posible comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores, seis de homicidio imprudente, y otros tres de lesiones imprudentes, por los que, además de la pena de prisión se enfrentan a inhabilitación para el ejercicio de sus respectivas profesiones si están relacionadas con la construcción.
Para M.C.M., capataz de la empresa ’Estructuras y Montajes Prefabricados’, el Ministerio Público solicita tres años y seis meses de prisión, puesto que no se le imputa el primero de los delitos mencionados.
El sindicato UGT, personado como acusación popular, pide un total de 52,5 años de prisión y 45 de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión para diez imputados. Los acusa concretamente de seis delitos de homicidio imprudente, tres de lesiones imprudentes y nueve contra la seguridad e higiene en el trabajo, por el que además solicita una multa de 144.000 euros.
CCOO, también acción popular, ha solicitado 288 años de cárcel para los imputados por la posible comisión de seis delitos de homicidio imprudente, tres de lesiones imprudentes y otros nueve contra la seguridad y la salud laboral. Además, pide para cada uno de ellos 21 años de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, así como 86.400 euros de multa.
Fue el 7 de noviembre de 2005, sobre las 15,30 horas, cuando se produjo la caída de la autocimbra desde una altura de unos 67 metros aproximadamente, siniestro que produjo el fallecimiento de seis personas y lesiones de diversa consideración en otras cinco.
Ese día se produjo una avería en uno de los cables eléctricos del sistema de accionamiento para el desplazamiento de la autocimbra, y, a pesar de ello, los trabajadores permanecieron sobre el mecanismo, que no se desalojó, durante las labores de reparación. Después de una media hora desde que se registró el fallo eléctrico se produjo el colapso de la autocimbra, precipitándose al vacío.
Según el informe pericial elaborado, el inicio del colapso de la cimbra se ubica en la unión entre el marco trasero de la batería izquierda y el cordón inferior derecho del módulo adyacente de la batería simple, lugar en el que se inició la rotura en una de las soldaduras, por el aflojamiento de una tuerca o de uno o varios tornillos de unión.
