Que el concejal de IU en el Ayuntamiento de Almuñécar, Fermín Tejero, pone por delante sus intereses empresariales y personales a los del Ayuntamiento, es “vox populi” en el municipio; de ahí su “logro político” de mantener abierto su negocio del camping El Carambolo, a cambio del apoyo de IU a la alcaldesa del PP, sin haber obtenido la aprobación del proyecto de actuación que presentó para intentar legalizar sus irregularidades urbanísticas.
Sin embargo, su falta de compromiso en la defensa de los intereses municipales no se queda ahí. Ahora que su partido es socio de gobierno en la Junta de Andalucía, se pone del lado de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA), ahora denominada , Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), dependiente de la Consejería de Fomento y Vivienda (gobernada por IU), empresa que le reclama al Ayuntamiento de Almuñécar más de un millón doscientos cincuenta mil euros, cuando es precisamente esta la única responsable por incumplir el convenio suscrito con el Ayuntamiento, en relación al solar cedido por el Ayuntamiento a la Junta para la construcción del Palacio de Justicia.
La historia se remonta inicialmente al año 1995, siendo entonces Alcalde, Juan Rodríguez del PSOE. En dicho periodo el Ayuntamiento obtuvo el referido solar, mediante cesión obligatoria de los propietarios del Plan Parcial P-4, y a renglón seguido el Ayuntamiento se lo cedió gratuitamente a EPSA, para que esta construyeran en el unas viviendas de protección oficial.
Posteriormente, el pleno del Ayuntamiento, entonces ya gobernado por Juan Carlos Benavides, acordó ceder dichos terrenos a la Junta de Andalucía para la construcción del Palacio de Justicia, y para poder hacerlo había que compensar a EPSA con la cesión de otros terrenos en otros planes parciales. Y así se hizo, formalizándose en julio de 2004 un convenio, aprobado con los votos de PA y PSOE en el que se reflejaban los nuevos terrenos en el P-5 de La Herradura, en Citalsol, y en Los Pinos.
Posteriormente EPSA, incumpliendo el convenio suscrito, rechaza los terrenos ofrecidos por el Ayuntamiento, y le reclama una compensación económica de 1.257.000 euros, desestimada por los funcionarios municipales, y que sorprendentemente cuenta con el respaldo de los concejales de IU, a pesar de contar con el informe desfavorable de los servicios técnicos y económicos del propio Ayuntamiento.
Es evidente que la rentabilidad económica que obtendría la empresa pública por la construcción y venta de las viviendas (en el caso de que se vendieran, ya que hoy en día hay viviendas libres más baratas que las públicas, y si no que les pregunten a los compradores de las VPO de VISOGSA, también empresa pública de vivienda, en El Moruno). El negocio sería redondo, pues a unos terrenos que el Ayuntamiento les regaló le sacarían más de un millón doscientos cincuenta mil de euros. Si esto terminara así, estaríamos ante un nuevo caso de especulación urbanística promovido por IU.
