Europa Press.- El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Carlos Rojas, ha censurado el “cambio de posición” de IULV-CA respecto a la causa judicial abierta por el “escándalo” de las facturas de UGT-A, en alusión a la opinión vertida por el portavoz parlamentario de la federación de izquierdas, José Antonio Castro, en el sentido de que la Junta “no tiene por qué personarse en la causa”, algo que a juicio de los populares supondría “connivencia”.
Rojas ha apuntado que “antes decía que era bueno que el Gobierno andaluz se personara en la causa judicial y ahora dice que no”. “El socio de gobierno del PSOE-A en el bipartito de la Junta está reculando y se está apuntando también a esa connivencia entre el PSOE-A y UGT-A, así como a la falta de acción y de investigación en todo este escándalo”, ha añadido, al tiempo que ha manifestado que “temen” que el caso de las ayudas concedidas a UGT-A forme parte “del pacto de silencio que mantienen estos dos partidos para tapar la corrupción y que no se sepa nada, con tal de mantener en sus sillones políticos en el Gobierno andaluz”. “Si no lo hacen es que el interés por saber todo lo que ha pasado es nulo”, ha resumido.
El portavoz parlamentario del PP-A ha ofrecido estas valoraciones en una rueda de prensa en la que ha anunciado que su grupo va a presentar el próximo 12 de diciembre una proposición no de ley (PNL) en el Pleno del Parlamento andaluz para exigir a la Junta de Andalucía que realice una auditoría de las transferencias de financiación a entidades instrumentales, así como la recuperación de los fondos públicos que se hayan defraudado, y se publique cada mes el importe que se haya recuperado.
En este sentido, Rojas ha indicado que “es un ejemplo de transferencia lo que están pidiendo”, ya que “la administración pública tiene que dar señales de que están haciendo algo”, toda vez que “hasta ahora el Gobierno andaluz ha estado defendiendo a los imputados en casos de corrupción y defendiendo las cosas que el PSOE-A ha hecho francamente mal en la comunidad autónoma, siempre en un ámbito político y partidista”.
Desde el Parlamento de Andalucía se ha solicitado todos los expedientes de ayudas a UGT-A; es por ello que ha asegurado que “la Junta tiene que dar esos expedientes cuanto antes para que estén en el Parlamento andaluz y se pueda investigar todo este escándalo”. Además, ha instado al Ejecutivo autonómico a “pasar a la acción y personarse en la causa judicial abierta por el escándalo de las facturas falsas de UGT-A”, pues “si no lo hace, es que el interés por saber todo lo que ha pasado es nulo”, lo que, a su juicio, “indica la connivencia con este sindicato en todas las ayudas que se han dado”.
Para Rojas, la postura del PSOE-A e IULV-CA en este asunto es “insostenible”, pues, como ha afirmado, “no quieren explicar nada, no quieren que se sepa la verdad, no quieren personarse en la justicia y no quieren hacer una auditoría”. “La Junta debe ser la gran defensora de la buena gestión del dinero público, pero sin duda se está convirtiendo en su peor enemiga al ponerse de perfil en este tema de forma reiterada”, ha aseverado.
Es por todo ello que desde el PP-A han exigido “transparencia” para “saber dónde va el dinero público y así les expliquen la manera de proceder del Gobierno para derrochar estos fondos públicos”, ya que, según el parlamentario popular, “este caso se habría acabado si desde la administración autonómica se hubieran tomado las riendas del Gobierno y se hubiera tomado el control sobre el dinero público, sin promocionar el descontrol y desplifarro que hay en la comunidad”.
“Díaz debe dejar de cargar la responsabilidad de gestionar la resolución de este fraude, la devolución de las ayudas o la responsabilidades políticas que se deriven del mismo en la opinión de los funcionarios”, ha afirmado Rojas, quien ha precisado que la presidenta “no puede echar balones fuera” y decir que “esto está en un expediente abierto que están investigando los funcionarios de la Junta”, porque, a su parecer, “este es un asunto de gravísima responsalidad política, donde la máxima responsable es Díaz, que es quién tiene que tomar cartas en el asunto”.
Así las cosas, el portavoz del PP en el Parlamento ha instado a PSOE-A e IULV-CA a votar a favor de la PNL que van a presentar, puesto que “la corrupción se combate con la acción del Gobierno andaluz, con la investigación y con la acción también de Díaz”.
“Los andaluces no van a perdonar la traición a la comunidad, que en estos momentos lo que necesita es que la Junta haga reformas” y “no continúe con ‘los martes al sol’ del expresidente José Antonio Griñán y ahora de Díaz”, ante lo que ha advertido de que durante la celebración de los consejos de gobiernos de los martes “no hay ninguna reforma para combatir el 36 por ciento de desempleo, solo discurso vacíos y ganas de promocionarse en Madrid por parte de la presidenta”.
De hecho, ha destacado que la agencia de calificación Standard & Poor’s ha alertado de la situación “crítica” de Andalucía, porque “no hay ninguna señal de recuperación por parte del Gobierno andaluz”. Además, ha insistido en que “Díaz lleva dos meses negros de transparencia en el Parlamento de Andalucía”, puesto que tanto PSOE-A como IULV-CA “con su rodillo extremista están intentando que no se vea ninguna iniciativa del PP que busque transparencia y que busque aclarar todo lo que ha pasado con el fraude de los sindicatos”, así como “no quieren que comparezca los representantes para explicar nada”.
LA “AUTÉNTICA CARA” DEL GOBIERNO “SECTARIO” DE DÍAZ
Según Rojas, “esta es la auténtica cara del Gobierno sectario de Díaz que quieren hacerlo todo opaco”. Y es que, como ha apuntado, a fecha de este sábado, el PP tiene un total de 1.604 solicitudes de información que han tramitado en el Parlamento andaluz, de las que 508 están pendiente de contestación del Consejo de Gobierno, y de ellas 457 han agotado los plazos reglamentarios de respuesta. Así, el dirigente popular ha tildado de “escándalo” el hecho de que “la Junta no conteste al Parlamento lo que se le solicita y que pisotee su reglamento no dando información”.
Igualmente, ha indicado que han presentado tres rondas de reclamaciones de amparo a la Presidencia del Parlamento por este hecho y les dan por contestados un total de 76 expedientes, en los que dicen que “hay mucha información y que tienen que verlos, pero no se la facilitan”. Además, tienen un total de 3.789 preguntas escritas formuladas, de las que 775 no han sido contestadas y de ellas 484 han agotado los plazos de respuesta.
En total, “un total de 941 expediente no contestados por la Junta y que han roto con todos los plazos establecidos en el reglamento del Parlamento”. No obstante, lo que se les contesta es de “bajísima calidad”, ya que, según ha explicado Rojas, “no contesta a lo que se solicita”, pues a veces “remite a boletines oficialtes, a debates del Parlamento, o se da contestación parcial y absurda en muchas ocasiones”.
