El Portavoz del Grupo Municipal Convergencia Andaluza en el Ayuntamiento de Motril, Luis Manuel Rubiales López, eleva al Pleno de la Corporación la siguiente una moción referente a la Ley de Tasas Judiciales.
En la exposición dde motivos, Rubiales afirma que "el pasado día 12 de diciembre, los jueces y magistrados de todo el país han secundado un paro parcial de una hora de duración y anunciado la posibilidad de realizar una huelga en el próximo mes de enero. Los miembros de la judicatura, como se sabe, son funcionarios, pero al mismo tiempo encarnan un poder del Estado. 18 organizaciones de jueces, fiscales, secretarios judiciales, trabajadores del sector y consumidores se unían para mostrarle su oposición frontal".
El edil de CA asegura que "cerca de 20 colectivos de la justicia, entre los que se pueden contar las asociaciones mayoritarias de jueces, fiscales y el Consejo General de la Abogacía, convocaron en la mañana del día 11 de diciembre un acto ante la prensa en el que manifestaron, de manera explícita, su rechazo frontal a las medidas puestas en marcha por el ministro de Justicia, Sr. Gallardón, opinión compartida por la mayoría de sindicatos y organizaciones de consumidores".
Para Rubiales las medidas adoptadas son interpretadas por estos colectivos como un "ataque brutal al Estado de Derecho" además de un intento de “privatización de la justicia”.
La Plataforma Justicia para Todos”, con sus representantes reunidos en una sala del Consejo General de la Abogacía, en Madrid, donde se encontraban jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados, representantes sindicales y miembros de asociaciones de usuarios realizaron sus denuncias al abrigo de una pancarta donde podía leerse: “Acto público de defensa de la Administración de Justicia.
Según recogen diversos medios nacionales, el juez decano de Madrid y portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, José Luis González Armengol afirmó: “La justicia está en descomposición por las reformas del ministerio.” “Su gestión la rechazamos todos los colectivos y la población. ¿Para quién gobierna el ministerio?”, preguntó Joaquim Bosch, de Jueces para la Democracia. En parecidos términos se expresaron Ángel Dolado, del Foro Judicial Independiente, y Álvaro Martín, de la Asociación Profesional de la Magistratura.
El resto de las organizaciones profesionales y sindicales presentes en el acto se refirieron al “desmantelamiento de la justicia como servicio público”, al “ataque brutal sin precedentes a la ciudadanía”, o de “crisis institucional”.
En el origen de este malestar se encuentran distintas actuaciones del Sr. Gallardón, pero sin duda la más trascendente desde el punto de vista de la gratuidad de la justicia es la aprobación de la Ley de Tasas, en vigor desde el 20 de noviembre pasado. El Gobierno aumentó las tasas judiciales por poner una demanda en primera instancia o un recurso en segunda, y las extendió a todos los ciudadanos. Hasta el momento de la aprobación de la nueva Ley, solo pagaban empresas con una facturación superior a los ocho millones de euros al año; desde la entrada en vigor de la nueva ley, el pago afectará a cualquier ciudadano que presente una demanda civil, contencioso-administrativa o social. Pagarán, todas menos las demandas sociales, en primera instancia, pero sobre todo al recurrir.
Luis Manuel Rubiales `pone como ejemplos prácticos de sus afirmaciones:
--Un divorcio ordinario soportará una tasa de 300 euros (más la variable, resultante de multiplicar 0,5% por el valor de los bienes que se reclamen).
--Una demanda en procedimiento abreviado contra la Administración por una multa de tráfico serán 200 euros.
--Pleito por una deuda: 100 euros o hasta 1.200.
--Recurso por despido: El recurso contra una sentencia de despido ante el Tribunal Superior costará 200 euros en tasas; el segundo, ante el Supremo, 300 euros.
Para Rubiales "estas medidas, además de las protestas de los sectores más directamente implicados, suscitan la desaprobación de la inmensa mayoría de ciudadanos. Así, según una encuesta realizada por Metroscopia y dada a conocer por el Consejo General de la Abogacía afirma que incluso entre los votantes del PP existe una muy amplia mayoría que está en total desacuerdo con la nueva ley. El 84% de los encuestados afirman que esta ley vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva que establece la Constitución y por tanto debe ser recurrida ante el Tribunal Constitucional “lo antes posible”.
El concejal de CA asegura que "el Partido Popular está desmantelando todos los fundamentos que durante los últimos 30 años los españoles habíamos construido para garantizarnos una sociedad cohesionada y de derechos. La sociedad del bienestar que tanto esfuerzo ha costado está siendo puesta en almoneda por el Partido Popular, sin respetar ningún tipo de derecho: casi eliminados los derechos laborales, reducidas significativamente las prestaciones sanitarias y educativas, nos encaminamos hacia una sociedad alineada con los principios mas de derechas. El Partido Popular aplica un conjunto de medidas que contradicen totalmente lo que pregonaban en su programa electoral: es más, están haciendo justo lo contrario de lo que nos prometieron. Las políticas del Partido Popular representan una clara agresión permanente a los sectores menos favorecidos y a las clases medias, que son el sustento de una sociedad cohesionada. Mientras cerca de seis millones de conciudadanos integran las listas del desempleo, y cada vez hay menos presupuesto para las prestaciones sociales, y hasta los pensionistas deben pagar parte de lo que cuesta su medicación, se promulga una amnistía fiscal, se inyecta dinero a los bancos, o se subvenciona a la Iglesia Católica. El gobierno del PP no protege a los ciudadanos, pero sí a las grandes empresas, al capital. El último ejemplo es el de la Ley de Tasas Judiciales".
Por todo estos motivos, Convergencia Andaluza solicitará al Pleno Municipal:
1.- Mostrar nuestra disconformidad con la Ley de Tasas Judiciales.
2.- Solicitar al Sr. Ministro de Justicia la derogación de la misma, y la sustitución por un texto legal en el que quede manifiestamente expresado que la justicia es gratuita, y por tanto igual para todos.
3.- Que se consensue con los profesionales de la Justicia un Plan de Modernización de la misma, en la que se contemple, entre otras cosas, la ampliación de las distintas plantillas de funcionarios.
4.- Que se dé cuenta de esta moción al Sr. Ministro de Justicia, a las Asociaciones Profesionales de Jueces, Fiscales y Secretarios Judiciales, a los distintos Sindicatos y Organizaciones Profesionales representativas del sector y de Consumidores, al Consejo General de la Abogacía de España, a los Grupos con representación en el Parlamento Nacional, y al Sr. Presidente del Gobierno de España.
