El grupo socialista de la Diputación de Granada ha advertido hoy de que el desmantelamiento del Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos (Resur) conllevará despidos y un incremento “brutal” en las tasas de basura. Una subida que, según el grupo del PSOE, pretende imponer el presidente de Diputación, Sebastián Pérez, “para llenar seguramente los bolsillos de algún amiguete”.
Así lo ha denunciado en rueda de prensa la diputada socialista Fátima Gómez, quien ha incidido en que en la actualidad los granadinos pagan unos 22 euros el tratamiento por tonelada, mientras que en provincias limítrofes el coste asciende a unos 40 euros por tonelada.
Gómez ha criticado que Pérez no cobre la deuda que deben al consorcio el Ayuntamiento de Granada y de Motril -los grandes morosos con 15 millones de euros, de los 25 totales-, así como del resto de ayuntamientos, cuando como presidente del organismo dispone de los mecanismos legales y necesarios para ello.
A su juicio, el PP pretende hacer creer que la deuda se cobrará tras la disolución de Resur, algo que constituye una “incongruencia”, según la diputada. “¿Alguien puede entender por qué no se puede cobrar la deuda antes de disolver el consorcio existiendo mecanismos para ello y, sin embargo, sí se va a cobrar después de disolver el consorcio?”, ha planteado la representante socialista.
Fátima Gómez ha exigido además al presidente de la Diputación que explique las “gestiones directas” que ha realizado para que las dos principales ciudades de la provincia abonen sus deudas y esclarezca además qué sucederá con los trabajadores. De hecho, ha avanzado que cuatro empleados ya han sido despedidos de la planta de Alhendín.
“Parece que a Sebastián Pérez le hace ilusión engrosar las listas del paro granadino copiando a su compañero Rajoy”, ha lamentado la diputada socialista, que ha detallado que desde que Pérez gobierna la corporación provincial, el número de personas inscritas en las listas de los servicios públicos de empleo se ha incrementado en 19.342.
Fátima Gómez ha mostrado su certeza de que detrás del desmantelamiento de Resur está la pretensión de Sebastián Pérez de condonar la deuda a los ayuntamientos de Granada, Motril y del PP y que, al final, serán los propios ciudadanos los que tengan que asumir esta deuda cuando se privatice el servicio. “Sebastián Pérez, ha asegurado, pretende plantear el negocio del siglo con los millones de euros que mueve el tratamiento de las basuras”.
La diputada del PSOE ha subrayado además que con la disolución del consorcio se vuelve una vez más a hurtar la voz a los alcaldes y que el objetivo que persiguen tanto Sebastián Pérez como el diputado responsable del área, José Antonio Robles, es “organizar de modo dictatorial la gestión del tratamiento de residuos”, ha resaltado Gómez.
“Autores materiales”
Por su parte, el diputado socialista José María Aponte ha culpado al alcalde de Granada, a la alcaldesa de Motril y al presidente de la Diputación como “autores materiales” de la destrucción del Consorcio Provincial de Residuos. “La desaparición del Consorcio es una prueba de la incapacidad política del presidente de la Diputación, que dedica más tiempo a escribir tangos que a gestionar los destinos de la provincia”, ha afirmado.
Aponte ha mostrado el rechazo del grupo socialista a que los ayuntamientos que están al día en sus pagos, que son la inmensa mayoría de la provincia, “se vean afectados por la subida brutal que va a suponer la disolución del consorcio y la nueva forma de gestión” que el PP pretende implantar. Para el diputado provincial, “Sebastián Pérez busca una privatización con la que favorecer intereses privados”. “¿Por qué los ciudadanos de Santa Fe van a tener que pagar más caro el tratamiento de la basura por el hecho de que Torres Hurtado no destine el dinero que les cobra a los vecinos de Granada en sus recibos a pagar el tratamiento de residuos?”, se ha preguntado.
Además, ha recordado que la planta de la Alhendín “está siendo construida con fondos públicos de la Junta de Andalucía, una joya de la corona hecha con el dinero de todos que Sebastián Pérez va a destinar ahora como moneda de cambio a hacer un negocio con una entidad privada”.
Según el diputado socialista, “Sebastián Pérez se ha escudado en la deuda que tiene el Consorcio de Resur para entrar como elefante en cacharrería y disolver un organismo público”. “Sebastián Pérez hace dejación de funciones y le hace favores personales a su mano derecha, que es la alcaldesa de Motril y favores personales a su compadre, que es el alcalde de Granada”, ha señalado.
Aponte ha recalcado que existen instrumentos legales para cobrar la deuda de los ayuntamientos. De hecho ha incidido en que los estatutos del consorcio establecen la posibilidad de que el presidente solicite a los órganos de la administración central, autonómica o provincial la retención de las cuotas pendientes para cobrar la deuda de los ayuntamientos. Además, según el diputado socialista, el presidente está facultado por los estatutos del ente para dejar de prestar el servicio a aquellos municipios que adeuden dos mensualidades.
“No decimos que con dos meses de deuda se le deje de prestar el servicio a un municipio, creemos que una deuda tolerable puede estar en seis meses o un año, pero con las cantidades de deuda que tiene el Ayuntamiento de Granada nos preguntamos si es más fácil disolver un consorcio público y echarle la culpa a los antiguos gestores que sentar al alcalde y exigirle que pague, porque el resto de municipios lo hace”, ha agregado.
