El pleno de la Diputación de Granada ha aprobado el nuevo reglamento regulador del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios Municipales, que entre otras medidas fomenta que los municipios de la provincia tengan que priorizar las obras para servicios obligatorios y no los opcionales.
Los 13 votos del PP han sido los únicos, y suficientes, para que esta medida se aprobase en la primera de las tres sesiones que la institución provincial debe celebrar este mes, en este caso extraordinaria. PSOE e IU han mostrado su rechazo al considerar que la medida limita las capacidades de los municipios y sus alcaldes para actuar en las obras de cada localidad.
El nuevo reglamento hace que la Diputación sea la responsable del proceso de contratación y adjudicación así como el control de la ejecución de las obras de servicios obligatorios municipales, para los que además, la aportación de cada localidad -dependiendo de su población- será inferior a la hasta ahora contemplada, con un descenso de unos cinco puntos de media. Por contra, los trabajos que desarrollen los pueblos de forma voluntaria tendrán un incremento en este sentido. Dicho de otro modo, los alcaldes deben apostar por las obras prioritarias si no quieren tener que rascarse el bolsillo.
La vicepresidenta primera y diputada delegada de Fomento y Obras Públicas, Luisa García Chamorro, ha defendido la aprobación definitiva de este punto porque se está “premiando” la realización de obras que correspondan a servicios obligatorios, con el cambio del porcentaje que cada ayuntamiento debe llevar a cabo.
Además, ha censurado que el PSOE haya querido dar relevancia al supuesto “perjuicio” que esto causará en los ayuntamientos, preguntándose dónde están los consistorios gobernados por alcaldes socialistas que no han registrado alegaciones a esta modificación y que se ha quedado en 16 de 168 localidades. “Este reglamento es bueno para la provincia y sus ayuntamientos”, ha matizado.
Por su parte, el diputado socialista Gerardo Sánchez ha dicho que se ha aprobado un reglamento cuya característica “es la eliminación de dos instrumentos que tenían los ayuntamientos” y ha criticado la ausencia de una comisión de trabajo, tal y como ha asegurado que se comprometió el PP, lo que supone a su juicio una “tomadura de pelo” a los alcaldes y a los ciudadanos a los que representan.
Su homólogo en IU, Antonio Molina, se ha adherido a la queja de que no se haya celebrado la comisión para trabajar en esta modificación y ha asegurado que la aprobación de la misma forma parte de la pretensión del PP de reformar la administración local. Ha propuesto la posibilidad de que los plenos de los pueblos pudieran proponer a empresas implicadas en el desarrollo de su entorno y el hecho de que se garantizase que el remanente se le asignase a cada municipio, algo que no se ha incluido en el nuevo reglamento: “Supone el descenso de la autonomía de la administración local como indica el Estatuto de Andalucía”.
APROBADO EL PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS
El pleno de este viernes también ha servido para la aprobación definitiva del Plan Provincial de Obras y Servicios para los años 2012-2013, que supondrán una inversión por parte del organismo provincial de unos 18,07 millones de euros, registrándose un descenso del 37 por ciento al no producirse aportación del Gobierno central y el autonómico.
En este caso, el presidente de la Diputación, Sebastián Pérez, ha tomado la palabra para dirigirse a algunos alcaldes presentes en el plenario, a los que ha recordado, junto a los del resto de la provincia, que “todos pensaban” que no habría Planes de Obras y Servicios, que “por primera vez” se hacen sin el soporte de ayuda financiera y a con ajustes de otras áreas.
Por ello, Pérez ha defendido el esfuerzo llevado a cabo por parte de sus compañeros de Gobierno provincial para sacarlos adelante y que “han tenido que reducir sus partidas” que, por otro lado, servirán para que “muchos municipios” puedan hacer y acometer proyectos.
La vicepresidenta primera ha defendido también la aprobación de este punto ya que son proyectos importantes para los municipios, al mismo tiempo que ha recordado que la Junta de Andalucía ha anunciado que la inversión será de cero euros en estos planes.
El encargado de defender la postura del PSOE en este punto también ha sido Gerardo Sánchez, quien ha cuantificado en un millar los contratos menos que se llevarán a cabo con la reducción de la partida por parte del Gobierno central, aunque ha evitado dar la cifra correspondiente al organismo andaluz.
Por su parte, Antonio Molina se ha limitado a mostrar su rechazo a este punto y ha recordado que la reducción de las partidas es “consecuencia” de la “política de recortes” del Gobierno central.
