Rechazada la regularización de 1.280 inmigrantes, que si no recurren serán expulsados. Granada capital y Motril acogen la mitad de las solicitudes presentadas en la provincia

El proceso extraordinario de regularización de inmigrantes, en su segunda fase, ha terminado con la denegación de 1.280 solicitudes en la provincia de Granada que se corresponden a otras tantas personas que no cumplían alguno de los requisitos exigidos por el Gobierno. Este colectivo de extranjeros representa un 16 por ciento del total de los que solicitaron la integración. Ahora tienen la posibilidad de presentar un recurso potestativo ante la Subdelegación, para que cada caso concreto sea revisado si no están de acuerdo con la decisión gubernamental. Un recurso que tienen que elevar ante la Subdelegación del Gobierno y que en caso que también sea desestimado, daría paso a la vía de lo contencioso-administrativo. De no hacerlo así, estarían en situación ilegal y se enfrentarían a su expulsión del país.

Antonio Cruz, subdelegado del Gobierno, dio cuenta ayer de los principales datos del proceso de regularización en lo que a la provincia de Granada se refiere. Tras ser estudiados y resueltos el 100 por ciento de los 8.027 expedientes, las cifras finales arrojan que un 83 por ciento de las solicitudes han sido aprobadas (6.680); las citadas 1.280 (16 por ciento) han sido denegadas; un 1 por ciento (43) se han archivado y un exiguo número de 23 no se han tramitado siquiera.

Cruz valoró de forma "muy positiva" la actitud del empresariado granadino, pues de todas las solicitudes de regularización admitidas ha tramitado como altas en la Seguridad Social un total de 6.050 y con autorización provisional están las restantes 630.

Por lo que a los municipios se refiere, Granada capital y Motril aglutinan conjuntamente casi la mitad de las solicitudes. Un 35 por ciento el primero de ellos y un 14 por ciento el costero. El resto se reparte por otras zonas de la geografía provincial, con especial incidencia en las del litoral y en aquellas con grandes necesidades de mano de obra para las labores del campo, como Arenas del Rey, Albuñol, Huétor Tájar o Gualchos.

En lo tocante a las actividades profesionales a las que los permisos les permitirán acceder, los inmigrantes regularizados en la provincia de Granada se decantan mayoritariamente (40 por ciento) por el trabajo en la agricultura y la ganadería. Muy lejos quedan los que optan por el servicio doméstico (20 por ciento), la construcción (15 por ciento), la hostelería (10 por ciento), el comercio (7 por ciento), otros (7 por ciento) y transporte (1 por ciento).

Por lo general son actividades que no requieren una formación muy especializada ni estudios que avalen el trabajo a realizar, aunque algunos inmigrantes los tienen.

En contra de lo que puede parecer a simple vista, la procedencia de los inmigrantes regularizados en la provincia granadina es mayoritariamente rumana, con 1.638 personas de ese país que han conseguido la regularización. Le siguen los marroquíes (1.217), bolivianos (1.003), ecuatorianos (725) y argentinos (445), entre otros muchos. Cruz destacó que tan sólo diez países engloban a más de 6.000 inmigrantes, autorizados a trabajar y residir en España.