El juez que investiga el desplome de la A-7 pide a Alvarez que los investigadores vayan con un equipo judicial

 

El juez que investiga el desplome de una plataforma en un viaducto de la Autovía del Mediterráneo en Almuñécar, que costó la vida a seis trabajadores, planteó la necesidad de que los peritos e investigadores del Ministerio de Fomento siempre vayan con personas del equipo judicial.

Así lo aseguró hoy la ministra de Fomento, Magdalena Alvarez, que explicó que el ritmo de la investigación de este accidente "va más de mano del ritmo que imponga el juez que de la decisión interna de la comisión investigadora que inicialmente empezó sus actuaciones de forma independiente".

En una rueda de prensa en Málaga, dijo que no puede dar una fecha de conclusión de la investigación que abrió Fomento "porque el juez es el que decide cuándo se va, con quién se va, cómo se puede ir y qué es lo que se puede comprobar en cada momento", por lo que es él el "principal responsable de la investigación".

Sobre la solicitud del Grupo Parlamentario Socialista de su comparecencia en la Comisión de Fomento y Vivienda del Congreso para explicar las causas del accidente de Almuñécar, Alvarez señaló que si hay tal petición comparecerá sin "ningún problema", ya que está "encantada de explicar toda la información, no la que tengo, sino la que el juez me permita dar porque si hay una investigación judicial, será el juez el que marque el límite de la información que sale al público".

Fomento creó una comisión de investigación técnica para analizar las causas del desplome con ingenieros y técnicos del Ministerio y expertos externos especializados en tableros de puentes, algunos de los cuales tenían previsto trabajar sobre el terreno.

Esta comisión se constituyó el pasado 8 de noviembre, un día después de la caída de la plataforma suspendida a más de 80 metros de altura en la que murieron cinco portugueses y un español. Las obras habían sido adjudicadas a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Azvi, Ploder y Obras Subterráneas, que subcontrató a la compañía gallega Estructuras y Montajes de Prefabricados, y ésta, a su vez, encargó algunas tareas a la firma portuguesa Douro Montemuro.