Piden 12 años de prisión para un rumano que traficaba ilegalmente con compatriotas en Motril

El Fiscal solicita doce años de prisión para un rumano por facilitar la inmigración clandestina a España de compatriotas a los que les facilitaba los trámites necesarios de viaje, estancia y para poder desarrollar su actividad laboral previo pago de cantidades de entre 600 y 1.300 euros.

Según el escrito de la Fiscalía, fruto de la investigación realizada por la Brigada de Extranjería y Documentación de la Comisaría de Motril, se pudo detectar la presencia del rumano G.I.G., quien desde finales del 2003 ha venido, de manera continuada, facilitando y favoreciendo el tráfico ilegal y la inmigración clandestina a España de compatriotas rumanos.

La investigación policial puso de manifiesto que el acusado actuaba como persona de contacto en España para numerosos compatriota quienes, desde Rumanía y con la intención de viajar a España, acudían a él para que les facilitara todos los trámites necesarios.

Se trataban de trámites no sólo necesarios para efectuar el viaje sino para, una vez que llegaran a España, solucionar su estancia y poder desarrollar una actividad laboral, todo ello previo pago de cantidades que oscilaban desde los 600 a los 1.300 euros, según el grado de ayuda prestada y la vinculación del acusado en la clandestina actividad.

Tras contactar los inmigrantes con el acusado, normalmente vía telefónica, éste ponía en marcha su actividad, organizándoles viajes desde Rumanía a España y recibiendo a los inmigrantes en la estación de llegada, a los que les quitaba el pasaporte, para posteriormente llevarlos a su domicilio donde los inmigrantes permanecían hasta pagarle la deuda contraída por la gestión del viaje.

El detenido, en algunos casos, a cambio de quedarse con parte del salario que percibían, les gestionaba la búsqueda de trabajos contactando directamente con las empresas de la zona, con las que acordaba las condiciones laborales y salariales de los inmigrantes en situación irregular y de las que recibía directamente el salario de aquellos, llegando a trasladar diariamente a estos hasta su trabajo y recogerlos del mismo con su vehículo.

El acusado llegó a agredir físicamente a uno de los rumanos extorsionados, golpeándole con un cenicero en la cabeza por el simple hecho de disponer de un teléfono móvil cuando aún no había satisfecho la deuda que mantenía con él.

El Ministerio Fiscal considera que el acusado ha cometido tres delitos contra los Derechos de los Ciudadanos Extranjeros, por los que pide once años de cárcel, así como otro de lesiones, por el que pide un año más de prisión.