IU pide al Ayuntamiento de Almuñécar que actúe ante la nulidad de 51 viviendas habitadas en el pueblo

IU exigió hoy al Ayuntamiento de Almuñécar (Granada) que defina el modo en que va a afrontar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que declara nula la licencia otorgada hace ocho años para la construcción de 51 viviendas que ahora están habitadas.

En un comunicado, la formación se ha manifestado preocupada por la situación en que se encuentran los propietarios afectados, que serán "los perjudicados" si finalmente hay que demoler los edificios, mientras que el resto de contribuyentes "tendrán que pagar más impuestos para poder indemnizarlos", añadió la formación.

Así, IU ha pedido al alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides (CA), que defina el modo en que acabará con la ilegalidad señalada por la sentencia del TSJA y le urge a explicar qué medidas va a tomar en relación al autor o autores de los informes técnicos que desestimaron todas las alegaciones presentadas en su día al proyecto y avalaron su legalidad.

 Fue el pasado 19 de marzo cuando el Ayuntamiento de Almuñécar hizo pública la sentencia en la que TSJA estima el recurso interpuesto por el Gobierno andaluz contra el acuerdo adoptado en enero de 2002 por el Ayuntamiento de Almuñécar para conceder a la empresa 'Playa Costa Tropical SL' una licencia para la construcción de estas viviendas en la urbanización Los Pinos.

De este modo, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA rechazó la causa de inadmisibilidad aducida por las partes demandadas, el Ayuntamiento de Almuñécar y la citada empresa por no ser "ajustada a derecho".

Concretamente, el fallo estima que la licencia concedida en 2002 por el tripartido formado por el PSOE, PP y PILH "incumplía las previsiones del PGOU en cuanto a zonificación y edificabilidad, pues, mediante la aprobación del Estudio de Detalle aprobado por el Ayuntamiento de Almuñécar el 20 de diciembre de 2001, a cuyo amparo se concedió la licencia, se ha producido una diferente zonificación de la zona verde privada y de la zona residencial, así como un aumento de la edificabilidad prevista en el PGOU, lo que supone una modificación del Planeamiento General que no está permitida al Estudio de Detalle".