El Ayuntamiento de Motril vuelve a solicitar a la Junta que agilice la apertura de la planta tratamiento

”Más de diez millones de euros gastados y una planta cerrada”. Así ha comenzado Antonio Escámez, teniente de alcalde de Medio Ambiente y Deportes la explicación del proceso que se está sucediendo con el cierre de la planta de tratamiento de Las Zorreras. Y es que el problema causado con su cierre, hace ya un mes, está originando más problemas en el sector.  

El edil ha indicado que se les está haciendo un daño terrible a los agricultores “que ya tenían atajado el problema de la plaga de la ‘tuta’, y que verán cómo vuelve a saquear sus cultivos; a la propia ciudad que está viendo cómo sus caminos se llenan de residuos; a las comercializadoras que ven cómo la imagen de calidad de sus productos está resultando dañada en Europa”.  

 Por parte del Ayuntamiento de Motril se está a la espera de obtener la autorización para poner a disposición de los agricultores un punto de acopio temporal. “Necesitamos que o bien la Consejería de Medio Ambiente o bien la Agencia Andaluza del agua –por encontrarse nuestro punto cerca de una rambla- nos den el visto bueno porque lo que no queremos es que al final sea el consistorio el que tenga que ir a los juzgados por ayudar al sector”,  

Asimismo, Escámez ha incidido en señalar que desde la Diputación de Granada no se está haciendo nada por solventar los problemas de este cierre, del que además no se le avisó a nadie, ni a administraciones ni a asociaciones, ni a comercializadoras. “A día de hoy seguimos sin tener respuesta alguna a las diferentes solicitudes que hemos hecho y tampoco nos dan solución”, ha señalado.  

El cierre de la planta se produjo el 10 de marzo y una jornada más tarde se recibió un fax en el Ayuntamiento de Motril en el que se explicaba sucintamente que era por problemas técnicos. Como no se daba solución, desde el Área de Medio Ambiente se pidió a Resur que informara del periodo de cierre, que se diera cuenta de las gestiones que se estaban llevando a cabo para su reapertura, además de proponer que se pudieran depositar sólo las matas de invernaderos que no dejan lixiviados o abrir la posibilidad de trasladar los residuos a la planta de Vélez de Benaudalla con coste cero.  

“A partir de aquí, el 25 de marzo el presidente de la Diputación de Granada, Antonio Martínez Caler, convocó una reunión en Carchuna en la que supuestamente venía a dar la cara, y sólo se dedicó a criticar la gestión del alcalde de Motril y hacer campaña política. Para justificar su inoperancia convocó a los ayuntamientos, a una reunión el día 30 en Diputación, a la que se invitó también a las consejerías de Medio Ambiente y Agricultura, y donde Pilar Peramos, diputada de Medio Ambiente dejó todo el problema a los ayuntamientos, tanto el de Motril como el de Castell de Ferro”, ha relatado Escámez.  

Fue en esta reunión donde ambos consistorios hicieron la propuesta de habilitar un espacio de acopio, que en Motril se ubicaría en un solar de 10.000 metros cuadrados de superficie y que está cerrado, junto a la Rambla de Puntalón, y aún se está a la espera de contar con los permisos pertinentes.