Fomento contempla un futuro de sólo 11 autoridades portuarias en España en la que Motril no figura

Foto:Autoridad Portuaria de Motril

El mapa portuario español va a cambiar. La cuestión es si lo hará antes o después. Pero de lo que no cabe duda es de que lo va a hacer. Las estimaciones realizadas apuntan a que sólo quedarán ocho autoridades portuarias en la Península. Y dos o tres para los Archipiélagos. El resto tendrán que cerrar o ser absorbidas.

El presidente de Puertos del Estado, Fernando González Laxe, afirmó en una entrevista reciente con este diario que “España necesita mantener tres tipos de puertos: los energéticos, los de importación y exportación y en tercer lugar, los que son hub en cadenas logísticas. Esos tienen que existir. Con esos tres requisitos, alguien podría llegar a decir que el sistema portuario español necesita equis puertos”. La incógnita es esa equis, que él no despeja, ya que no le corresponde sino promover la eficiencia portuaria, respetando la autonomía de la que gozan las autoridades portuarias.

Pero, apoyándose en ese escenario, este diario y las fuentes portuarias consultadas han despejado la incógnita de esa equis: deberían quedar 8 autoridades portuarias peninsulares. Si a ésas se les suman las tres insulares, la cifra resultante es once. Ello coincide plenamente con fuentes cercanas a Puertos del Estado, que apuntan: “Quedarían entre diez y doce autoridades portuarias, con cinco puertos energéticos y entre cinco y siete dedicados a transbordo e import-export” (ver gráfico adjunto para ver los puertos que tienen más posibilidades de sobrevivir).

Se trata éste de un asunto tabú para el Gobierno, que no quiere enfrentarse a los localismos y los regionalismos, que se avivan y acentúan cuando de los puertos se trata. Nadie quiere que “su” puerto se dirija desde otra ciudad, provincia o autonomía, aunque ello redundara en una mejor gestión, mayor eficacia y, en fin, más beneficios.

Así que, oficialmente, la posición del Gobierno es que “desde Puertos del Estado se apuesta por la coordinación de la gestión, para aprovechar sinergias entre autoridades portuarias que están llamadas a entenderse por su proximidad, cuando no lo hacen ya en determinados aspectos”. El organismo estatal también apuestas por “alianzas puntuales en función de intereses estratégicos de las propias autoridades portuarias. (...) Toda esta estrategia se debe llevar a cabo respetando la propia autonomía de decisión de las autoridades portuarias y dentro del entendimiento con las comunidades autónomas”.

Revisión

¿Para cuándo puede estar listo este nuevo mapa? “De aquí a siete años, que es el período lógico de revisión de una ley portuaria, podremos visualizar cuáles son las autoridades que llevarán a cabo procesos de este tipo”, apuntan desde Puertos.

Y añaden una apostilla que no debe pasar inadvertida, porque puede ser una pista de cara al futuro español: “En Francia, por ejemplo, las integraciones se han llevado a cabo por ley”.

El Ejecutivo, una parte activa en el proceso

Aunque desde Puertos del Estado tratan de dar las menos pistas posibles sobre los puertos señalados, lo cierto es que el Gobierno tomará una parte activa en el proceso. De hecho, en la nueva Ley de Puertos se incluyen criterios de rentabilidad del 2,5% que, en caso de no cumplirse, acarrearán la intervención del Gobierno en la administración de las autoridades porturarias.

De hecho, este proceso ya se ha aplicado en el caso de Gijón, donde las obras realizadas en el puerto exterior han supuesto un quebradero de cabeza contable. De este modo, los puertos pequeños tendrán más dificultades para llegar a los estándares de rentabilidad incluidos en la ley y tendrán más papeletas para ser involucrados en un proceso de fusión o absorción.

En cinco años debería quedar negro sobre blanco cuáles son los centros logísticos que tienen futuro y los que no. Estas cuestiones despiertan una enorme sensibilidad en los puertos señalados por sus cifras. De hecho, hay algunas autoridades, como la de Motril, que acaban de recuperar las competencias en esta materia y que, ahora, asisten atónitas al peligro de volver a perderlas. De todos modos, este proceso ha sido iniciado ahora por los actuales gestores portuarios, con el ex presidente de la Xunta gallega Fernando González Laxe, pero será acabado por futuras administraciones.