El Defensor del Pueblo Andaluz informa que no existen reclamaciones ni denuncias de los afectados en la presunta estafa de las 45 VPO en La Caleta
Mediante un escrito, el Defensor del Pueblo Andaluz ha remitido respuesta del Servicio de Consumo del Ayuntamiento de Salobreña dependiente de la Junta de Andalucía, donde se informa que no existe reclamación o denuncia alguna de los consumidores afectados por la no entrega de 46 VPO en Salobreña, Granada.
De igual forma Consumo admite que no se han realizado Inspección alguna, hasta la fecha, sobre la empresa o empresas titulares de la construcción de las referidas viviendas, dentro de la campaña de Inspección de vivienda 2012 que actualmente se viene realizando.
No obstante y tras tener conocimiento de la situación de estas viviendas (a través de la referida queja de IU), próximamente se procederá a realizar actuaciones de inspección a las referidas empresas, relacionadas con el incumplimiento de contrato de compraventa.
El pasado lunes, el portavoz de IU, Ángel Coello, informaba a la responsable municipal de consumo y de La Caleta, las consideraciones a las que ha llegado, tras la revisión del expediente de las 46 VPO, información obviada a los afectados: “Resulta que el Ayuntamiento de Salobreña tiene un aval bancario desde el 9-02-2007 por valor de 130.480,87€ de METROPOLIS INMOBILIARIA ANDALUZA, para garantizar la ejecución de la urbanización del entorno de la obra en La Caleta”
Por estos argumentos, IU.LV-CA ha propuesto al Ayuntamiento de Salobreña que:
1º.-Dicho aval, ante el incumplimiento de la promotora y, ante la imposibilidad de ejecución y finalización en un futuro inmediato, debido al proceso concursal de los bienes de la empresa promotora DOLMEN, podría ejecutarse en la finalización de la urbanización, evitando los graves perjuicios que provoca a La Caleta y sus vecin@s.
2º.- Exigir a la administración de Justicia competente (Fiscalía) que de oficio, vele por el cumplimiento de la ley, para garantizar las entregas depositadas a cuenta de la compra, por parte de los afectad@s, sin necesidad que estos tengan que exigir, en un proceso judicial el cumplimiento de la ley y la devolución de las mismas a la entidad financiera “La Caixa".
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