Juan Carlos Benavides absuelto de un supuesto delito de alzamiento de bienes

El Juzgado de lo Penal 1 de Motril ha absuelto al exalcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides, del delito de alzamiento de bienes por el que fue juzgado por la supuesta separación “ficticia” de su mujer para eludir las posibles responsabilidades y embargos derivados de un proceso judicial. 

La resolución absuelve al exregidor al no existir pruebas suficientes que destruyan la presunción de inocencia, junto a otras tres personas implicadas en el mismo caso: Rosario G., esposa de Benavides, Rafael C., uno de sus hombres de confianza, y la exmujer de este último, Ana María F.

La Fiscalía solicitaba para cada uno de los acusados dos años y medio de prisión por alzamiento de bienes y separación “ficticia” para eludir las posibles consecuencias ocasionadas en el caso conocido como “Tropical Fruits”, que en un principio le condenó a pagar de forma subsidiaria junto a otras trece personas cerca de un millón y medio de euros.

En los fundamentos de derecho de la sentencia el juez indica que, valoradas en conciencia las pruebas practicadas en el juicio oral, no se ha podido alcanzar la convicción de que los acusados interviniesen en los hechos delictivos que se les imputaban y que tan sólo existe una “mera sospecha”.

De igual forma considera que no existen pruebas suficientes que destruyan la presunción de inocencia de los enjuiciados y recuerda que, en el ámbito de la justicia penal, se garantiza el derecho del acusado a no ser condenado mientras su culpabilidad no haya quedado establecida más allá de toda duda razonable.

Además señala que en el caso de “Tropical Fruits” no consta que se instase a la ejecución provisional de la sentencia, por lo que no se puede afirmar que existiesen acreedores.

Añade no obstante que la conducta que han tenido los acusados es “atípica”, al no existir un crédito real y por tanto no habiendo deuda y ni tampoco acreedores o perjuicio.

La defensa de los cuatro acusados mantuvo desde el inicio la inocencia por considerar que no existían pruebas de cargo para condenarlos, al no haberse podido determinar que haya existido una ocultación de bienes y que la separación de ambas parejas fue “real” y basada en problemas particulares que tenían en esos momentos.