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18 de diciembre de 2012: "un día con poco que celebrar"

18 de diciembre de 2012: "un día con poco que celebrar"

Andalucía Acoge, con motivo del Día Internacional del Migrante, recuerda la necesidad de políticas dialogadas de inclusión, interculturalidad, cohesión e inversión social basadas en el respeto a los Derechos Humanos frente a las políticas de recortes de derechos.

Doce años después de que la Asamblea General de Naciones Unidas proclamase el Día Internacional del Migrante (resolución 55/93) y 22 años después de que se promoviese la Convención internacionalsobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, seguimos teniendo poco que celebrar en España.

Este día  debería ser una jornada  de difusión de información sobre los derechos humanos  y las libertades fundamentales de los migrantes,  de intercambio de experiencias y la formulación de medidas para protegerlos.  Debería ser un día de reconocimiento de la contribución positiva al desarrollo en los países de origen y en los países de destino o un día de reconocimiento de la importancia del fortalecimiento de la cooperación internacional en materia de migración internacional a nivel bilateral, regional y global.

Pero, sin embargo,  en este 18 de diciembre creemos,  desde Andalucía Acoge, que hay poco que celebrar.Después de años apostando por la integración de las personas inmigrantes desde una óptica dialogada, inclusiva y ciudadana, en este último año hemos asistido a un retroceso de los derechos y libertades fundamentales de todas estas personas, fomentando políticas y medidas que excluyen y señalan a personas que han colaborado en los últimos años a la transformación social y económica de España.

Medidas estatales como la limitación en el acceso al sistema público de sanidad en condiciones  normalizadas, la suspensión de los Fondos de Apoyo para la Integración y el Refuerzo Educativo, los recientes borradores de reglamento de Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), la modificación del código penal, las penalizaciones en las prestaciones por desempleo, o las expulsiones masivas o de menores de los últimos meses, son muestras del  paso  de las políticas  que relacionan inmigración y integración y la diversidad, a políticas que únicamente inciden sobre el control. 

En este ámbito y, a pesar de la noticia de carácter positiva del cierre definitivo del CIE de Málaga por no cumplir las condiciones mínimas de salubridad y estructura, nos queda al agridulce sabor de la existencia y posible ampliación del CIE de Algeciras: opción que desde Andalucía Acoge rechazamos, por ser una medida que vulnera los derechos fundamentales de las personas y desproporcionada para una mera falta administrativa.

En nuestro contexto más cercano, a pesar de la buena noticia de la garantía de acceso a la sanidad pública en Andalucía, debemos ser también críticos asumiendo las limitaciones y problemas que en los últimos meses existen en el acceso a dicho derecho por muchas personas en nuestro entorno; además, debemos recordar que después de dos años seguimos sin tener un III Plan Integral para la Inmigración y que las ayudas autonómicas para la integración han desaparecido de la agenda del Gobierno autónomo en el último año.

Estas medidas, no sólo no apoyan a la superación de la situación de exclusión y vulnerabilidad a la que según todos los informes publicados en este año se está abocando a estas personas, sino que por el contrario están provocando que se vean señalados como causantes de esta situación, mermando los recursos y las políticas de apoyo para hacer frente a esta situación y generando, por tanto un caldo de cultivo que poco tiene que ver con el diálogo y la cohesión social. 

Por ese motivo desde Andalucía Acoge, con motivo desde este día, quiere recordar a la ciudadanía en general y a las Administraciones públicas y partidos políticos su responsabilidad a la hora de crear y preservar una sociedad cohesionada, basada en el diálogo, la integración social y la interculturalidad, solicitando el mantenimiento de medidas y políticas públicas consensuadas encaminadas a la creación de una ciudadanía en la que se ponga en valor el aporte de todas y cada una de las personas que formamos parte de ella y a la ciudadanía .

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