Órgiva rechaza que la Diputación gestione el servicio de tratamiento de residuos sólidos urbanos

Los miembros de los grupos de la oposición del PP y PA se marcharon del pleno tras la votación de este punto, aunque minutos después volvieron a ocupar sus asientos

            La sesión plenaria celebrada el pasado viernes por la noche en el Ayuntamiento de Órgiva acordó con los votos favorables del equipo de gobierno (PSOE) y el Grupo de Los Verdes, rechazar la encomienda a la diputación provincial de la gestión del servicio de tratamiento de residuos sólidos urbanos municipales. Los principales motivos que se expusieron desde el gobierno municipal para rechazar esta medida fueron “la intención de la diputación provincial de quitarle competencias a los ayuntamientos para llevar a cabo el tratamiento de los residuos eliminando el consorcio de RESUR e inventándose una nueva tasa que se cobrará a los vecinos en función del valor catastral de la vivienda y no en función del consumo”.

Asimismo, desde el Grupo de Los Verdes, Jordi Jutglar, señaló que “el Ayuntamiento es la institución más cercana y es a través de aquí como mejor pueden gestionarse los servicios, por ello pensamos que si la diputación se encarga de gestionar el tratamiento de los residuos estaremos dando un paso atrás”.

Por su parte, el concejal del PP y también diputado provincial, Francisco Tarifa, señaló que la Diputación había decidido prescindir del anterior consorcio de RESUR porque ya se habían acumulado 22 millones de euros de deuda que no pagaban los ayuntamientos y eso nos estaba llevando al ocaso”. En la misma línea de apoyo al PP se expresó el portavoz del PA, Juan González Blasco, añadiendo que “con esta medida no vamos a perder autonomía”.

La alcaldesa de Órgiva, María Ángeles Blanco, respondió a los populares que “la deuda que tenía el anterior consorcio de Resur que ustedes han eliminado de un plumazo había generado efectivamente 22 millones de euros de deuda, una deuda contraída en su mayoría por Ayuntamientos del mismo signo político que el actual gobierno de la diputación, como es el caso de Granada o Motril”. Asimismo, señaló que “los ciudadanos nos eligieron como responsables para gestionar sus servicios y ustedes (PP) se han inventado una nueva tasa para cobrársela directamente a los vecinos, una tasa que supondrá para este municipio un recibo adicional junto al IBI y que para unos vecinos será de 17 euros mientras que para otros de 50 euros”. La edil se preguntó “cómo se lo vamos a explicar a nuestros vecinos para que entiendan que unos pagarán más que otros”.

Tras la votación de este punto, los 6 ediles de los grupos del PP y PA decidieron abandonar la sesión plenaria en mitad de su transcurso alegando que no se les dejaba intervenir más tiempo tras dos turnos de palabra concedidos y más de 30 minutos cada uno en el caso de los populares. Minutos después decidieron volver a sus asientos. La alcaldesa agradeció a los populares y andalucistas que recularan aunque criticó “la actitud prepotente con la que se marcharon por el simple hecho de no aceptar las reglas del juego democrático”.