Izquierda Abierta (IAb) apoya la huelga general educativa porque la LOMCE supone una “regresión a los 50”

 

La federación Andaluza de Izquierda Abierta (IAb) –el partido político integrado en IU y liderado por el diputado estatal Gaspar Llamazares- apoya la huelga educativa que asociaciones de madres y padres de alumnos, profesores y estudiantes han convocado, para el 9 de mayo en contra del anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), porque crea dos sistemas educativos, “uno para ricos y otro para pobres”, y supone un “regreso a la década de los 50”.

En este sentido se ha manifestado, a través de un comunicado, Juan Manuel Latorre, responsable del área de Educación de la federación andaluza de IAb, quien considera que la LOMCE fomenta la segregación y no tiene en cuenta la situación socioeconómica del alumnado. A juicio de Latorre, “no es posible la igualdad sin justicia, por lo que no se puede evaluar a dos alumnos con una situación familiar distinta bajo un parámetro que sólo tiene en cuenta los resultados y no la realidad social, económica y familiar de los estudiantes”.

Asimismo, Latorre afirma que la LOMCE “es una ley hecha por las fundaciones ideológicas de la derecha más radical y no fruto del consenso de la comunidad educativa, por lo que nunca será una normativa que sirva para mejorar la calidad educativa, sino para la mejora de la cuenta de resultados de las empresas privadas que podrán entrar dentro del sistema educativo, a costa de expulsar a los alumnos con más dificultades y menos recursos económicos”.

Para el área de Educación de IAb, la LOMCE expulsa del sistema educativo  las asignaturas humanísticas y “refuerza a los sectores más duros del PP que han presionado para que la enseñanza de la religión católica aumente el número de horas lectivas”. Por otra parte, Latorre denuncia también que aumenta el número de alumnos por aula y se despedirán a miles de profesores.

En clave andaluza, IAb-Andalucía pide a Mar Moreno, consejera de Educación de la Junta, que cierre la Agencia de Evaluación Educativa, una empresa pública de gestión privada que cuesta anualmente 5 millones de euros por evaluar a los alumnos andaluces con unos parámetros que “no tienen presente la situación social, económica y familiar de los estudiantes”.

Por último, Juan Manuel Latorre pide a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía que destine esos 5 millones de euros, “que se gastan en un chiringuito donde reina el enchufismo y el despilfarro”, en contratar a los 4.200 profesores interinos despedidos y que “son fundamentales para que mejore la evaluación educativa de los alumnos de la comunidad autónoma”. .