IU alerta sobre otro problema urbanístico heredado en la Avenida Costa del Sol de Almuñécar

La Comisión Informativa de Urbanismo ha analizado en la mañana del viernes diversas sentencias en las que se obliga al ayuntamiento a revisar unas licencias de obras que vulneran el Plan de Urbanismo según todos los indicios. Uno de estos expedientes analizados es el de una licencia de obras para 46 viviendas situadas en el denominado edificio Arance, en la Avenida Costa del Sol. Según información de IU, el expediente que se ha entregado a todos los grupos políticos incluye una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía obligando al ayuntamiento a revisar la licencia de obras otorgada el 24 de febrero de 2004. 

La Junta pidió la revisión de esa licencia porque, en su opinión, el proyecto no respetaba las normas del PGOU, multiplicando de forma muy importante la edificabilidad a la vez que se apropiaba de calles públicas que incluía en la parcela. El ayuntamiento se negó a efectuar dicha revisión, según consta en escrito enviado el 4 de noviembre de 2005. Ante esa negativa del ayuntamiento, la Junta recurrió a los tribunales, que le dieron la razón en julio de 2007, y que han vuelto a dársela con sentencia firme del 17 de julio de 2013. 

Los técnicos municipales tienen que analizar la legalidad de la licencia y hacer un informe para que el Consejo Consultivo dictamine. En caso de declararse la nulidad de la licencia, el problema se plantearía a los vecinos que de buena fe han comprado una vivienda sin haber sido informados de ninguna situación problemática, y también al ayuntamiento, que podría ser demandado por su responsabilidad al conceder una licencia en contra de la legalidad. 

La situación no es nueva según el portavoz de IU. Decenas de sentencias con parecido contenido se han producido en los últimos años a pesar del enorme gasto en abogados que mantiene este ayuntamiento. En todas estas situaciones se dan algunos elementos comunes, según Fermín Tejero. 

El primer denominador común de estas obras es que cuentan con informe favorable del anterior arquitecto municipal, que daba su visto bueno con sospechosa reiteración a proyectos de dudosa legalidad. 

Otro denominador común es que la mayor parte de estas promociones se presentaban en el ayuntamiento con un proyecto firmado y avalado por un socio del arquitecto municipal. 

Una tercera coincidencia en estos expedientes es que cuando la Junta, cumpliendo su labor de vigilancia e inspección, detallaba los supuestos incumplimientos de la legalidad y pedía al ayuntamiento que revisara la licencia, el ayuntamiento respondía que no había lugar a dicha revisión porque todo estaba en regla. 

El concejal de IU explica que el gran número de sentencias condenatorias obliga al ayuntamiento a un gasto y a una actividad frenética que dificulta y pone en riesgo de bloqueo la actuación de los servicios jurídicos y de urbanismo de modo tal que se atienden con dificultad las legítimas peticiones de la ciudadanía, que ve cómo sus proyectos de obra se dilatan mucho más allá de lo razonable. 

IU pide al equipo de gobierno que exija responsabilidades administrativas y penales al anterior arquitecto municipal por el daño que su actuación está causando a los vecinos afectados de buena fe, al servicio de urbanismo que no da abasto, a la imagen del municipio, que se ve deteriorada, y a la hacienda del consistorio, que no deja de soltar dinero para pagar abogados en pleitos difíciles de ganar o de imposible cumplimiento.