Ya se ha superado en lo que va de año el número de inmigrantes menores que llegaron a nuestro país en patera

Un total de 147 menores no acompañados han llegado a las costas españolas en los primeros cinco meses del presente año, frente a los 114 menores que arribaron en patera en el mismo periodo de 2004, lo que se traduce en un incremento de casi el 29 por ciento, según informó ayer el ministro del Interior, José Antonio Alonso. En la sesión de control en el Pleno del Senado ante una pregunta del senador popular Ignacio Cosidó Gutiérrez, el ministro explicó que la mayoría de los menores tienen entre 16 y 18 años y proceden del norte de África y del África subsahariana.
De acuerdo con los datos de la Comisaría General de Extranjería y Documentación, en todo el año 2004 llegaron a España 415 menores de 18 años, y de enero a mayo de 2005 fueron 147, 58 más con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Este aumento, "hasta ahora puntual", se debe a la llegada en mayo de 33 adolescentes a Motril y 18 a Algeciras, manifestó Alonso, quien rechazó el término de "avalancha" empleado por el senador popular.

Cosidó aseguró que en 2004 accedieron ilegalmente a España 1.575 menores y en los primeros cuatro primeros meses de 2005 "la cifra se ha incrementado en un 53 por ciento", al tiempo que preguntó por las medidas del Gobierno "ante esta avalancha, que está desbordando la capacidad de acogida de las comunidades y que están trayendo a miles de niños como mano de obra barata para las bandas organizadas".

A juicio de Alonso, las cifras manejadas por el senador computan a los menores que se encuentran en situación irregular en España "ya de antes, no sólo los llegados en 2004 y 2005, y por eso le salen las cifras infladas y le habilitan para hablar de avalancha". Añadió, por otro lado, que estos adolescentes "están vinculados y manejados por el tráfico mafioso de seres humanos", por lo que su ministerio ha elaborado el Plan Integral contra el tráfico internacional de mujeres, niños y niñas, que "va a realizar una evaluación de la situación y propondrá respuestas operativas". Aun así, se está mejorando "sustancialmente" la vigilancia de las fronteras españolas e impulsando actuaciones operativas concretas, con un "mayor y mejor" control del acceso y la llegada de pateras este verano. Pero, una vez que llegan a a España, según señaló, los menores tienen que ser tratados como tales, conforme a las convenciones internacionales y la Constitución, respetando sus derechos "aunque suponga más dificultades".

El ministro reiteró que el Gobierno es "perfectamente consciente" de que la llegada de menores es una cuestión "muy seria" e indicó que la política de inmigración es clara: "Lucha integral y total contra las mafias que trafican con seres humanos y toda la solidaridad posible con ellos, sobre todo si son menores de edad".

El senador del PP indicó que sus datos se basan en el número de ingresos en los centros de acogida de menores durante 2004, al tiempo que rechazó proporcionar "papeles a todos los menores que han accedido al país de modo irregular, como dijo el ministro de Trabajo, Jesús Caldera".

"Ésta no es la solución porque disparará las cifras y producirá un claro efecto llamada", agregó el senador, quien instó al Gobierno a exigir a Marruecos "que cese el flujo constante de menores que llegan a la costa, algo que ha hecho ya por escrito el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves".

Por su parte, el Síndic de Greuges [Defensor del Pueblo catalán], Rafael Ribó, aseguró ayer que en el número de menores inmigrantes que llegan irregularmente a España ha aumentado en los últimos meses y denunció que "faltan mecanismos para que las repatriaciones se hagan con la garantía de que se respetan los derechos de los niños". Ribó hizo estas declaraciones en la segunda jornada de la reunión de Defensores del Pueblo de diversas comunidades autónomas celebrada en el Parlament de Cataluña.

El Síndic catalán indicó que "la tipología de los menores sin papeles está cambiando porque la edad es cada vez más baja". Asimismo, denunció que el Gobierno no garantiza el cumplimiento de los derechos de los niños y adolescentes que son repatriados. Ribó ha recordado que antes de repatriar a un menor es necesario asegurarse de que tiene familia o tutores en condiciones de acogerlo en su país de origen.

A este respecto, insistió en que "hay que tener en cuenta la realidad del niño antes de repatriarlo, y esta realidad la conoce la administración que lo ha tutelado durante su estancia en España. No se puede mandar a un menor de vuelta si no está garantizada su integración en el país de origen, porque volverá a intentar salir".