La alcaldesa de Almuñécar “maniobra” para NO ejecutar la sentencia del Picadilly por Convergencia Andaluza

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Almuñécar celebrada el pasado día  16 de abril de 2013, ha procedido a adoptar un escandaloso acuerdo que consiste en “suspender el procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística” argumentándolo por “que se hace preciso emitir informes nuevos técnicos y jurídicos después del proyecto de demolición presentado por el Sr. Medina Cano”.  

El Juzgado nº2 de lo Contencioso de Granada dictó sentencia de demolición sobre las dos plantas de más y sobre la parte que invadía el dominio público de carreteras, del Hotel Picadilly. 

El propietario del solar y promotor de dicho hotel resulta que es el padre de la actual concejal del equipo de Gobierno del Partido Popular, Sra. María del Mar Medina, y que la polémica licencia de obras fue otorgada por el Ayuntamiento el 24 de septiembre de 2002, por el gobierno presidido entonces por el alcalde del Partido Popular, y del que formaba parte también la actual alcaldesa,  Sra. Trinidad Herrera.  

Ante la falta de cumplimiento de la ejecución de la sentencia por parte de los promotores, el Pleno del Ayuntamiento de Almuñécar celebrado el 28 de octubre de 2010, gobernando entonces Convergencia Andaluza y para dar cumplimiento a la sentencia, acordó otorgar a los promotores “un plazo improrrogable de un mes para su cumplimiento, y en caso contrario iniciar el trámite de ejecución de la misma por parte del propio Ayuntamiento, para restaurar la legalidad urbanística alterada”. Como es evidente el promotor no procedió a demoler las dos plantas ilegales, y por lo tanto el Ayuntamiento de Almuñécar, en la Junta de Gobierno del 9 de mayo de 2011, inició el trámite de contratación del proyecto de demolición para proceder a su ejecución subsidiaria. Sin embargo en junio de 2011 se produjo el cambio de gobierno, quedando paralizado desde entonces todo el procedimiento iniciado para dar cumplimiento a la ejecución de la sentencia. 

Ahora, dos años después, ya con un gobierno afín (familiar y políticamente), el promotor, con los plazos vencidos desde diciembre de 2010, presenta el Proyecto de demolición, en una clara maniobra para eludir el cumplimiento de la sentencia. 

Herrera, en evidente complicidad con los promotores, en vez de proceder a ejecutar la sentencia cumpliendo los acuerdos municipales para la ejecución subsidiaria de la demolición, lo que hace es suspender “sine die” lo dictaminado por la justicia y lo acordado por el Ayuntamiento. 

Mientras, la Dirección General de Inspección del Territorio de la Junta de Andalucía, que en su día impugnó la licencia, muestra una falta de capacidad de reacción ante las maniobras de Herrera, que no puede dejar de sorprendernos.