El Gobierno reitera su compromiso con el mantenimiento del carácter público de Limdeco y la ausencia de despidos
García Fuentes ha achacado la situación crítica de la empresa a la nefasta gestión de corporaciones anteriores, al tiempo que ha defendido el esfuerzo tanto del Consistorio como de los propios trabajadores por ajustarse a la reducción de gasto consensuado con los agentes sociales.
El presidente del Consejo de Administración de la empresa pública de Limpieza José García Fuentes, ha respondido a las declaraciones formuladas por Convergencia Andaluza respecto a la deuda de Limdeco.
En este sentido, García Fuentes ha reiterado el compromiso del Gobierno municipal con el carácter público de la empresa de limpieza y el mantenimiento de todos los puestos de trabajo, aludiendo a que para subsanar la deuda, “lo más fácil hubiera sido llevar a cabo un ERE para generar beneficios y sin embargo ha optado por conservar todos los empleos haciendo un esfuerzo sobrehumano por mantener a flote una empresa que cuando cayó en manos del actual equipo de Gobierno en 2011 ya estaba herida de muerte”.
“Ese ha sido el objetivo prioritario y en esa misma línea continuamos trabajando mediante la amortización de los puestos de trabajo en 30 plazas, -al mismo nivel que en 2004-, y el ahorro en gastos de bienes corrientes , que es más que significativo, puesto que lo hemos equiparado a 2001”, ha subrayado el responsable de Limdeco.
En época de bonanza económica y al ser insuficiente los presupuestos establecidos, el Ayuntamiento inyectó vía subvenciones a la explotación 1. 700. 000 euros en 2005 y 2.400.000 en el ejercicio 2006 y “por ello logró salvar el déficit de la empresa pero ya arrastraba una situación legal de disolución desde 2005, circunstancia que ha llegado hasta día de hoy”, ha relatado el edil.
José García Fuentes ha continuado resaltando la política de austeridad del Gobierno de la Ciudad en cuanto a la gestión de Limdeco y la enorme deuda a la que está haciendo frente el nuevo Consejo de Administración de la empresa, que en años anteriores ya había dejado de pagar a la Tesorería General de la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria.
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