El PSOE alerta de que la descomunal subida de las tarifas eléctricas puede provocar el abandono de más de 8.000 explotaciones agrarias en la provincia
El PSOE de Granada ha alertado esta mañana de que la descomunal subida de las tarifas eléctricas puede provocar el abandono de más de ocho mil explotaciones agrarias en la provincia por falta de rentabilidad. Así lo ha asegurado el parlamentario andaluz y portavoz en la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Miguel Castellano, quien ha anunciado que su grupo presentará en la Cámara autonómica una Proposición no de ley (PNL) para paliar el impacto que está teniendo la subida de las tarifas eléctricas en los regadíos de Andalucía.
Castellano ha explicado que la modificación de los peajes de acceso a las tarifas eléctricas, el pasado mes de agosto, estableció dos tipos de pagos, uno por potencia, que es permanente, y otro variable por la energía, que suponen linealmente un incremento de hasta 125%. “Los regadíos tienen que pagar ahora un recibo mucho más elevado que hace que disminuya la productividad de las explotaciones agrarias al aumentar los coste por el pago de la energía”, ha precisado. Según el representante socialista, la modificación tarifaria que se está aplicando se produce, además, cuando se han suprimido las bonificaciones que tenían los agricultores en el pago de la electricidad, que es fundamental para bombear el agua. “Estamos hablando de la agricultura más rentable, la que genera más empleo y la que tiene un mayor valor añadido”, ha explicado.
El parlamentario socialista ha señalado que los regadíos suponen en extensión el 30% de las explotaciones andaluzas, pero representan el 60% el volumen de la producción, sobre todo en productos hortícolas, que son los que generan más riqueza y empleo en el campo. “Las reiteradas subastas energéticas que pretenden compensar los déficits de tarifas con un incremento del precio a los consumidores afecta a todos los ciudadanos, pero en el caso del campo andaluz se dan mayores incrementos al cobrarles una potencia fija, rieguen o no rieguen, que supone una parte muy considerable del recibo”, ha agregado.
El importante incremento del coste energético incide en más de 3.000 comunidades de regantes en Andalucía, unas 600 de ellas, en Granada, ha indicado Castellano, quien ha destacado que la subida de tarifas afecta a miles de explotaciones agrarias en la provincia, donde en los últimos años se ha potenciado que se pongan en regadío más hectáreas. En concreto, ha señalado, que en Granada se han puesto en regadío diez mil nuevas hectáreas, con una inversión de más de 43 millones de euros, de los que la Junta ha subvencionado 34 millones a través de fondos europeos.
“Los agricultores están pagando unos altos precios por la energía todo el año, que se incrementan más todavía en los casos de los meses de junio a agosto, el periodo de mayor consumo porque el campo requiere más agua”, ha insistido Castellano. También ha afirmado que el consumo energético supera al gasto en abonos, en semillas e incluso a veces en costes laborales, con la consiguiente “pérdida de rentabilidad en los regadíos, que puede provocar que se abandonen en Andalucía más de 50.000 explotaciones porque ya no son rentables”. “Eso supondrá la pérdida de miles de puestos de trabajo en un momento en que tan necesario es el empleo para Granada y Andalucía”, ha añadido.
Castellano ha criticado la postura del Gobierno PP, que “es insensible a una modificación de las tarifas para la agricultura mientras que sí lo ha sido para otros sectores, como el industrial y el comercial”, y ha recalcado que el los ministerios de Industria y de Agricultura hacen oídos sordos a las reivindicaciones de los agricultores y de las comunidades autónomas. Por ello, ha destacado la importancia de la iniciativa que el grupo socialista presentará en el Parlamento andaluz para que la Junta inste al Gobierno central a modificar la actual normativa que regula el marco eléctrico y evitar así los elevados incrementos de tarifas que se están aplicando al sector agrario y, además, para que se arbitren modelos de contratación temporal de energía “acordes con las necesidades de potencia que realmente tienen los agricultoras”.
