La Razón.- F. Velasco.-«Vamos a reclamar porque no tenemos más remedio, porque estuvo “encerrao” por lo que no le pertenecía». Quien así habla es Ana M. C., madre de José C. M., el joven de Motril que pasó 437 días en prisión después de haber sido absuelto. Esta mujer, que no sabe leer, se enteró «por el pueblo» de que su hijo tenía que haber abandonado la prisión muchos meses antes, «pero yo no lo veía en mi casa».
Eso fue lo que motivó que, a finales del pasado año, se trasladase hasta el Juzgado de lo Penal número 1 de Motril. Buscaba conocer en qué situación se encontraba su hijo, quien estaba en tratamiento de desintoxicación en la cárcel, problema que no ha superado todavía. Pero más que una respuesta se encontró con más dudas: «Un señor me dijo que allí no “rezaba” que estuviese en la cárcel, pero otro me dijo que estaba preventivo» por otra causa. «Yo le dije que ya había “cumplío” y que lo tenían que soltar, pero lo soltaron al año y medio» de la sentencia absolutoria.
Ante esa explicación de los funcionarios, Ana M. C. comenzó a temer lo peor: «Pensaba que le podía haber “salido” otra cosa», es decir, que estuviese en prisión por un nuevo procedimiento. «Me “cayó» el juzgado encima cuando me dijeron que podía estar preventivo, cuando el otro señor decía que allí no «rezaba» que estuviese en la cárcel».
Ana M. asegura desconocer si el abogado de oficio con el que contó su hijo se interesó o no por la situación que atravesaba. «Como no tenemos dinero, no pudimos tener un “abogao de pago” y yo no sé si preguntó o no», se lamenta.
En estos momentos, asegura que su mayor preocupación es la recuperación de su hijo de los problemas de drogadicción que padece: «Está con metadona y no sabemos si hoy va a venir a casa, porque lo mismo llega a las diez de la noche, a las doce o para desayunar».
Por otro lado, la Inspección del Consejo General del Poder Judicial ha revisado de arriba a abajo la situación en que se encontraba el Juzgado de lo Penal número 1 de Motril cuando la pasada semana se acordó la suspensión cautelar de la que hasta entonces era su titular, Adelina Entrena Carrillo, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes del órgano de gobierno de los jueces y magistrados. La juez Entrena fue suspendida en sus funciones por la Comisión Permanente del Consejo, tras la admisión a trámite por el TSJ de Andalucía de la querella que presentó el fiscal por un delito contra los derechos fundamentales.
La decisión del Servicio de Inspección se produjo de forma inmediata a la resolución de la Comisión Permanente del CGPJ. El jefe de la Inspección, José María Gil Sáez, y un inspector se trasladaron hasta Motril y realizaron un estudio pormenorizado de la situación del juzgado. La iniciativa partió del propio Servicio de Inspección, dentro de la Información Previa que abrió al efecto, y contó con el respaldo de la citada comisión.
La inmediatez en esta actuación se ha debido, según las fuentes consultadas, a «la gravedad de los hechos» relatados por el fiscal en su querella y para «constatar que se trata de un caso aislado y no de hechos más o menos generalizados».
Una vez que la Inspección culmine la Información Previa por este caso, propondrá a la Comisión Disciplinaria el archivo de la misma, apertura de expediente disciplinario, aunque también está la posibilidad de incoar unas diligencias informativas. La próxima reunión de la Comisión Disciplinaria será el próximo día 20, y en ella podría abordarse esta cuestión, siempre que la Inspección haya formulado su propuesta. En ese supuesto, todo hace indicar que se acordará la apertura de un expediente disciplinario, lo que sería el segundo.
