El sector hortofrutícola de Andalucía y particularmente Granada -frutas tropicales y olivar- realizó la mayor parte de las solicitudes para normalizar a sus trabajadores inmigrantes, según las estimaciones del propio sector.
Faltan por conocer los datos oficiales, aunque el número de trabajadores normalizados para agricultura podría rondar entre los 75.000 y las 150.000, según los productores, y entre 150.000 y 210.000 según los sindicatos, un proceso que es valorado de distinta forma.
La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA) asegura que el proceso va a ser un fracaso para el sector agrario, ya que la norma no se hizo pensando en la agricultura y que se intentó solventar sobre la marcha, con parches, para conseguir mayores solicitudes.
Desde la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam), desde un punto de vista más optimista, reconocen que al final ha habido mucha más respuesta de la esperada en principio.
Aunque las cooperativas señalan que si este proceso se hubiera llevado a cabo en una campaña normal, sin incidencias meteorológicas graves como las heladas, el número hubiera sido aún mayor y desde UPA hubieran preferido un plazo más largo para este sector.
Pero todos reconocen que era un trámite absolutamente necesario para acabar con la situación de indefensión que padecían algunos trabajadores extranjeros.
No obstante, llaman la atención sobre las particularidades del sector agrario y que, a pesar de este proceso, seguirá faltando mano de obra en el sector, por lo que demandaron al Gobierno que inicie los trabajos para agilizar y facilitar la contratación de mano de obra del exterior o terceros países, ya que, la excesiva burocratización de este trámite perjudica la contratación.
Incluso ahora, a pesar de que habrá un mayor número de trabajadores normalizados para agricultura, éstos no tardarán en pasar a otros sectores.
El proceso que se inició el pasado 7 de febrero, coincidió con una situación crítica para el sector, debido a las heladas, que no sólo provocaron graves pérdidas, sino también complicaron el proceso de regularización para que se realizara con toda normalidad.
Las heladas arrasaron una parte importante de la cosecha, principalmente hortofrutícola, con lo que las necesidades de mano de obra se redujeron, además, una interpretación estricta de la norma jurídica que regulaba el proceso no facilitaba las cosas.
Aunque el sector agrícola, debido a sus especificidades contaba con alguna excepcionalidad por la temporalidad del trabajo y se rebajó el tiempo mínimo del contrato anual a tres meses, pero según avanzaba el proceso se consiguió suavizar.
Esa fue además una de las demandas del sector que consiguió que ese periodo mínimo de tres meses se pudiera repartir a lo largo del año, sin necesidad de ser continuado, además, de esta forma, un mismo trabajador puede trabajar así con varios empresarios y cumplir sus seis meses como mínimo de cotización para que le renueven el permiso de trabajo al año siguiente.
Por otro lado, otra modificación que fue bien acogida por el sector, que en este caso afectaba a todos los trabajadores fue permitir cualquier otro documento oficial, distinto del padrón, sirviera para atestiguar que el inmigrante llevaba viviendo en España desde antes del 7 de agosto de 2004.
En el caso de la agricultura, también esta medida, favoreció que, sobre todo, en el último mes se realizaran más solicitudes de normalización que las esperadas en principio para la agricultura que, sopesando la mayoría de las opiniones, ha sido finalmente bueno, que se verá o no ratificado una vez se conozcan los datos oficiales.
