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Una veintena de cargos del Partido Popular andaluz dejarán en breve sus responsabilidades en los ayuntamientos, diputaciones y cajas de ahorros para dedicarse "en exclusiva" a la actividad parlamentaria.

Según informó hoy en rueda de prensa el secretario general el PP-A, Antonio Sanz, el objetivo de esta medida es el de "fortalecer el grupo parlamentario teniendo en cuenta los criterios de dedicación y especialización para su labor de oposición".

Asimismo, Sanz especificó un "primer paquete" de parlamentarios autonómicos, diputados nacionales y senadores del partido que abandonarán sus responsabilidades internas e institucionales para así "profesionalizarse" en la Cámara.

De este modo, en un primer apartado atendiendo a las responsabilidades internas del partido, Carmen Crespo dejará su cargo de secretaria de Inmigración del PP-A para pasar a ser portavoz adjunta del grupo popular en la Cámara, mientras que María José García Pelayo abandonará la vicesecretaría regional del partido para centrarse en la vicepresidencia de la Mesa.

Por su parte, el secretario del grupo popular, Carlos Rojas, portavoz adjunto del grupo, abandonará la vicesecretaría de Acción Social, mientras que Santiago Pérez dejará la coordinación de comisiones en el Parlamento y Jorge Ramos hará lo mismo con la secretaría de Infraestructuras del PP.

Por otro lado, en el ámbito local, José Luis Aguilar renunciará a su acta de concejal en el Ayuntamiento de Almería, al igual que José Loaiza en el de Cádiz, Teresa Ruiz en el de Chiclana (Cádiz), Alicia Martínez en el de Sevilla, Jaime Raynaud en el de Almensilla (Sevilla), Juan Pizarro en el de Úbeda (Jaén) y Ana María Corredera en el de Antequera (Málaga).

También dejarán sus actuales tareas de diputados provinciales Bartolomé Madrid en Córdoba, María Sacramento Villegas en Huelva, María Dolores Calderón en Sevilla y Eugenio Gonzálvez en Almería, que se centrará en su labor como senador.

Finalmente, en otro apartado teniendo en cuenta los actuales cargos en cajas de ahorro, el diputado nacional Ricardo Tarno dejará de ser miembro del consejo de administración de Cajasol, igual que el senador por Huelva Matías Conde.

Por su parte, Francisco Armijo dejará su cargo en Caja de Jaén y Carolina González Vigo renunciará a sus tareas en la comisión de control de Caja de Granada para una dedicación "exclusiva" al Parlamento.
La concejalía de Acción Social informa que el plazo de presentación de solicitudes para la concesión de subvenciones en materia de voluntariado a entidades sin ánimo de lucro estará abierto hasta el próximo 24 de abril.

Según un comunicado, el pasado día 10 de marzo, la Consejería de Gobernación publicó la Orden de 26 de febrero de 2008, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de voluntariado a entidades sin ánimo de lucro y se efectúa su convocatoria para el año 2008.

Las entidades privadas sin ánimo de lucro beneficiarias deberán estar legalmente constituidas, tener personalidad jurídica, carecer de ánimo de lucro, actuar en alguna de las áreas establecidas en el artículo 5 de la Ley 7/2001, de 12 de julio.

De este modo, serán subvencionables los programas y actuaciones que desarrollen proyectos de acción voluntaria organizada, dirigidos a la sociedad, al voluntariado y a las propias entidades sin ánimo de lucro, que se realicen en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Las entidades interesadas que necesiten más información, así como asesoramiento técnico, pueden dirigirse a la oficina de la Concejalía de Acción Social y Comunicación, situada en la calle Aguas del Hospital, o bien llamando al número de teléfono 958 83 30 13 , donde podrá solicitar una cita con el técnico municipal de Voluntariado Social.
La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) ha iniciado hoy una campaña informativa sobre vivienda, al objeto de que las 30 inmobiliarias de Motril cumplan la normativa vigente de la Junta en cuanto a la documentación que deben entregar a los clientes vayan o no a comprar una casa o alquilarla.

El concejal de Consumo del Ayuntamiento de Motril, Antonio Escámez, ha explicado que la campaña se realiza porque existen gran cantidad de quejas en la OMIC de personas que aseguran que las inmobiliarias no le han dado la información pertinente.

En otros casos se han producido retrasos en los plazos de entrega de las viviendas, ha habido problemas con la forma de pago de la cantidad inicial o simplemente las viviendas una vez compradas o adquiridas contaban con desperfectos.

La información que, de forma genérica, deberán dar las empresas a los consumidores tendrá que incluir la ubicación del inmueble, los datos del promotor o propietario, el número de viviendas del bloque y el de habitaciones que tiene la casa, los anexos existentes, el precio, los impuestos y la cuantía a entregar al principio y cuál es su fin.

En el caso de los alquileres, además se debe especificar el coste del alquiler, si se incluye en él la comunidad y el contenido con el que se alquila la vivienda.

Escámez ha explicado que además todas las inmobiliarias deben colocar un cartel en el que se hable al derecho del consumidor a recibir, de forma gratuita, este documento informador.

Si las empresas no actúan de acuerdo a estas directrices en la segunda inspección se les abrirá un expediente.

La inspectora Amelia Roa, ha dicho que el documento que el consumidor recibirá variará dependiendo de si se trata de una vivienda en construcción, una ya construida o un alquiler.

Por otra parte, Escámez ha informado de que en el presente trimestre se han llevado a cabo un total de 152 inspecciones a establecimientos de la ciudad, de las que sólo en 10 se han visto irregularidades relativas, en la mayoría de los casos, a la no presentación de las licencias.

De las 152 inspecciones, 36 se realizaron a empresas de confección y textil, 22 a supermercados y 19 a cafés, bares y restaurantes.
La Fiscalía de Granada ha solicitado en sus conclusiones provisionales un total de 40 años de prisión y una multa global de casi 1,4 millones de euros para dos acusados, un hombre y una mujer de Motril (Granada), de traficar con droga y blanquear el dinero que procedía de esta actividad ilícita.

Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, Francisco Paulo H.F. y Dolores A.T. serían autores de delitos contra la salud pública, de receptación y de blanqueo de capitales, por los que se pide para ellos 13, 2 y 5 años de prisión, respectivamente, y multas que oscilan entre 198.000 y 500.000 euros.

El fiscal relata que, a consecuencia de las investigaciones del Grupo de Estupefacientes de la Policía, se tuvo conocimiento de que los procesados, a los que no se conocen medios lícitos de vida, se dedicaban habitualmente en inmuebles de la barriada de Huerta Carrasco de Motril a la venta y distribución de droga.

En distintos registros y entradas en dichos inmuebles fueron encontrados distintos objetos y efectos relacionados con el tráfico de sustancia estupefacientes, entre ellos, pesos de precisión y un total 1.526 gramos de cocaína, valorada en más de 93.000 euros.

También decomisaron gran cantidad de joyas y relojes adquiridos con dinero procedente de su ilícita actividad y de consumidores que los entregaban a los acusados a cambio de sustancias estupefacientes o tóxicas, siendo algunos de estos objetos identificados por sus propietarios como provenientes de delitos contra la propiedad.

Según el fiscal, con el dinero de la actividad ilícita, los procesados adquirieron dando apariencia de licitud a las cantidades derivadas del tráfico de drogas, un cortijo valorado en, al menos, 180.000 euros, cinco coches de distintas marcas y dos ciclomotores.

Francisco Paulo H.F. y Dolores A.T. serán juzgados el próximo 17 de abril en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada.